“Si bien es verdad que ellos, los legisladores, dicen que es para sancionar la difamación que se produce fuera de los medios de comunicación, eso no es así, y pudiese terminar afectando tanto a los medios, como a los ciudadanos en términos generales”, adujo.
El jurista entiende que la forma en que está redactado afecta el derecho de expresarse y opinar que tienen todos los habitantes de República Dominicana.
El proyecto ya fue conocido en primera lectura en la Cámara de Diputados
Sierra explicó que las sanciones que se están colocando son extremadamente irracionales, porque atentan contra derechos adquiridos, como los que están contemplados en el Código de 1884. “Es un derecho de carácter común que tiene que conectar con el artículo 32 del CPD, que refiere la difamación y la injuria”, indicó el abogado en entrevista para DominicanosHoy.com.
“Creo que es un asunto peligroso por parte del Congreso, porque se trata de acallar las voces que en estos momentos han venido reclamando algún tipo de comportamientos de los funcionarios públicos en el poder”, abundó. Añadió que los legisladores, evidentemente, se sienten ofendidos porque entienden que las manifestaciones de los ciudadanos pueden terminar afectando cierta esfera del poder.
Sierra recordó que la tendencia en la penalidad de las comunicaciones en todo el ámbito internacional, es despenalizar la parte que tiene que ver con este delito y que la República Dominicana es signataria, en el caso de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
“Es verdad que se debe proteger la dignidad y el honor de la persona, pero cuando se trata de funcionarios públicos, políticos, o de ciudadanos que participan de la vida estatal, sus derechos están más restringidos que los de un ciudadanos común y corriente, por tanto ellos se someten al escrutinio legal y su comportamiento tiene que ser lo más ajustado al aspecto ético”, sostuvo Manuel Sierra.
Llamó la atención del pueblo dominicano, porque el proyecto de reforma al CPD se aprobó en primera lectura, sin que la población lo conociera, con sanciones tan exageradas, como la imposición de tres años de cárcel por el delito de injuria.
Según Sierra, si el nuevo Código Penal es sancionado como está concebido, un ciudadano que en una esquina cualquiera, en un parque, un cine, o un play, le haga algún tipo de imputación a un funcionario público que sienta es lesionado en su moral y su orgullo, pudiera acudir al Ministerio Público y en el acto, ese poblador quedaría preso de manera preventiva.
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